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Varapalo del TSJA al Gobierno de Susana Díaz por el fraude de la formación

Varapalo del TSJA al Gobierno de Susana Díaz por el fraude de la formación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado al menos una treintena de sentencias en las que ha fallado contra la Junta

y ha dado la razón a entidades y empresarios que resultaron beneficiarios de subvenciones para cursos de formación. La Administración les exigía la devolución de ayudas o no les pagaba subvenciones pendientes porque está todavía revisando expedientes que van de los años 2007 a 2011.El litigio que mantienen en los tribunales los beneficiarios de subvenciones y la Junta es una secuela del escándalo de los cursos de formación, que han estado paralizados durante cinco años en Andalucía, después de que aflorasen los casos de fraude y el descontrol que reinó en la Administración durante años con estos expedientes. La treintena de sentencias del TSJA a las que ha tenido acceso EL MUNDO que fallan contra la Administración andaluza vienen a cuestionar la labor que está haciendo la Junta para recuperar el dinero desviado con las subvenciones de los cursos. ¿Correrán la misma suerte los 1.750 expedientes de reintegro con los que el Gobierno de Susana Díaz quiere recuperar 149 millones de euros que no se destinaron a los fines previstos?Una parte de estas sentencias tienen en común que obligan a la Junta a abonar subvenciones para cursos que sus beneficiarios justificaron, pero que la Administración andaluza mantenía paralizadas desde hace varios años en la labor de investigación interna que inició al estallar el escándalo. A partir de 2013, el Gobierno andaluz comenzó a revisar 8.505 ayudas concedidas entre 2007 y 2011 por valor de 1.613 millones de euros. Ya ha concluido 6.501 y le quedan 2.004, como informó recientemente en el Parlamento el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero.Uno de los empresarios a los que el TSJA ha dado la razón es el ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, que cuenta al menos con una docena de resoluciones favorables en las que se obliga a la Administración a que le pague las subvenciones pendientes y ya justificadas. «No hay razón jurídica, vista la orden y la propia ley de subvenciones, para no abonar dicha ayuda una vez que han transcurrido los plazos previstos y la beneficiaria ha justificado el gasto», afirma una sentencia sobre Ojeda ya conocida. Los magistrados advierten a la Junta de que no puede ampararse en la «facultad de comprobación» para «no pagar», ya que «debió abonar dicha cantidad en el plazo de tres meses desde que se solicitó la liquidación» y una vez presentada toda la justificación.Ojeda no es el único con resoluciones judiciales de este tipo. El presidente de la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A), Antonio Naranjo, indicó que hay más entidades con sentencias similares. Denunció, además, las «multiples trabas» que les está poniendo la Junta, al revisar ahora subvenciones de hace años con criterios actuales y distintos a los que había antes.Entre la treintena de resoluciones del TSJA hay otras en las que se rechazan las pretensiones de la Junta de recuperar una subvención porque el beneficiario no había cumplido con el compromiso de contratación de los alumnos.Así, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada, en un fallo del 25 de septiembre pasado, condena a la Junta a pagar una subvención más los intereses legales a una entidad a la que le reprochaba no haber contratado a los alumnos. Sin embargo, «carece de sustento la negativa de la Administración a dar por válidas» las renuncias de los alumnos a las contrataciones, recoge el fallo.El caso de UGTLa sentencia del TSJA del pasado 18 abril que da la razón a UGT-A, como ya informó este diario, es también muy elocuente, ya que advierte de que la Junta está usando una vía errónea para recuperar el dinero presuntamente desviado. El fallo, que exime a UGT-A de devolver los 1.061.063,13 euros que le reclamaba la Junta, dice que se debe emplear el «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico». Y esa vía es la «revisión de oficio», la misma que se está empleando para recuperar el dinero de los ERE. La Junta tenía que haber iniciado una revisión de oficio y no un reintegro -razona el TSJA- porque «la Administración ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que el gasto que se dice realizado ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente la subvención».Los empresariosEl presidente de la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A), Antonio Naranjo, dijo que los tribunales les están dando la razón, como demuestran las sentencias del TSJA, pero «la Justicia es muy lenta» y hay empresarios que están arrojando la toalla por estas «trabas». El Gobierno andaluz está revisando ahora subvenciones concedidas hace ya varios años con criterios «distintos» a los que había en 2011, que fue el último año que hubo convocatoria de cursos, denunció Naranjo. Mientras, la formación no terminan de arrancar tras el parón de cinco años. Actualmente, sólo hay en marcha 273 cursos de los 1.500 que debían haberse iniciado, un 18%.

Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2017/11/21/5a12c969ca47414a318b45be.html 

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